(...) En coherencia con la afirmación de que los derechos lingüísticos son de los ciudadanos, se dice que "las lenguas no tienen derecho a conseguir coactivamente hablantes". Pero la solidez del principio de referencia no aguanta ni cinco líneas. Porque inmediatamente después se precisa que el castellano es "obligatorio", y, por tanto, puede ser impuesto, mientras que la aspiración a que todos sepan el catalán (o el vascuence, o el gallego) a lo sumo puede ser "estimulada". ¿Por qué? Porque el castellano es la lengua común del territorio español. O sea, que hay territorios con derechos lingüísticos y otros que carecen de ellos, de modo que los principios fundamentales del razonamiento -los que enfáticamente afirman que los territorios no tienen derechos lingüísticos- son adaptables en función del lugar. (...)
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